Investigación de la periodista Sandra Reyes León revela las deficiencias y anomalías de una norma destinada a proteger a los trabajadores, pero cuya implementación ha generado “cuellos de botella” en el sistema, plazos de investigación excedidos y denuncias falsas o malintencionadas.
A dos años de su entrada en vigencia, la Ley Karin ―que nació por la necesidad de dar protección a las personas ante el acoso laboral y sexual en el trabajo― evidencia preocupantes deficiencias, anomalías y “cuellos de botella”, con dolorosas consecuencias para los afectados.
Investigaciones que exceden todos los plazos, la desigual determinación de medidas de resguardo y la existencia de denuncias falsas o maliciosas, que afectan la presunción de inocencia, son solo algunos de los problemas que la periodista Sandra Reyes León identifica en el libro “Se acata pero no se cumple: los claroscuros de la Ley Karin”, una investigación periodística que busca exponer las falencias de la norma pero, al mismo tiempo, proponer posibles soluciones para que la ley cumpla, en un amplio sentido, su propósito de protección y prevención de todos los trabajadores.
El libro, que forma parte de la colección Expedientes de editorial Narrativa Punta Aparte, será presentado el jueves 30 de julio, a las 18:30 horas, en la Sala Aldo Francia del Palacio Rioja, en calle Quillota 214, Viña del Mar, con la participación de la periodista Rosa Zamora, la editora Marcela Küpfer y la autora Sandra Reyes.
“Se acata pero no se cumple” aborda aspectos legales, laborales y personales sobre esta normativa que, en sus primeros dos años, registra casi 70 mil denuncias ingresadas, de las cuales el 60% no calificó como Ley Karin. Detrás de estas cifras, se esconden sumarios eternos, sobrecarga para los actuarios y fiscales, afectaciones al servicio público y, sobre todo, un fuerte impacto sobre el clima laboral y sobre las personas injustamente involucradas.
ANÁLISIS Y PROPUESTAS
“Desde el punto de vista de este análisis, parte del problema radica en que ni la Ley Karin ni su reglamento (Decreto 21) permiten el control de admisibilidad de las denuncias, lo que facilita la presentación de acusaciones falsas. Si no hay una barrera de entrada que filtre o desanime la presentación de acusaciones de diversa índole, el empleador queda prácticamente obligado a iniciar investigaciones que no se enmarcan en la definición de acoso laboral, lo que implica malgastar recursos y tiempo”, explica la periodista.
Sigue leyendo
Narrativa Punto Aparte 